Las sanciones a las que se puede ver expuesta la persona natural (individualmente) que cometa los delitos anteriormente descritos, son diversas. En el caso de Chile, la ley establece penas, dependiendo del delito cometido, que pueden llegar en algunos casos a los 10 años de cárcel, multas en algunos delitos hasta 5000 UTM; y la prohibición de ejercer cargos públicos o de desempeñarse en compañías con participación del estado, o que mantienen contratos con el Estado.

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